Un cambio de paradigma en la atención
El Gobierno Nacional presentó ante el Senado un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), una normativa que data de 2010. El objetivo principal es actualizar un sistema que, tras 15 años de vigencia, presenta fallas estructurales en su aplicación federal. Informate sobre los ejes centrales de esta reforma que busca saldar deudas pendientes en la asistencia sanitaria.
El nuevo concepto de riesgo situacional
Uno de los cambios más profundos se da en los criterios de internación. Actualmente, la ley exige que exista un «riesgo cierto e inminente» para proceder a una internación involuntaria. Esto significa que la persona debe estar en peligro inmediato en el momento exacto de la evaluación. El nuevo proyecto propone reemplazar este término por el de «riesgo situacional».
¿Qué implica esto para vos o tu familia? Bajo esta nueva mirada, los médicos no se limitarán a mirar solo la crisis del momento. Podrán considerar los antecedentes de conductas riesgosas y la evolución previsible del paciente. Es una medida preventiva: permite intervenir antes de que la situación llegue a un punto irreversible, brindando un marco legal para proteger a personas que hoy quedan desamparadas por el rigor de la ley actual.
Reorganización de hospitales y clínicas
La reforma también busca optimizar el uso de los recursos públicos y privados. El relevamiento oficial detectó que solo 18 provincias tienen servicios de salud mental en hospitales generales y apenas 20 cuentan con camas de internación específicas. Para solucionar esto, la propuesta establece una nueva dinámica de trabajo:
- Hospitales Generales: Se encargarán de la atención de casos leves o consultas ambulatorias.
- Instituciones Especializadas: Quedarán reservadas exclusivamente para cuadros graves que requieran recursos médicos y técnicos de mayor complejidad.
El rol del médico psiquiatra
Otro punto fundamental es la jerarquización de los especialistas. La reforma establece que, ante una internación involuntaria, al menos uno de los profesionales que tome la decisión debe ser médico psiquiatra. Con esto se busca garantizar una evaluación clínica integral y evitar que se confundan problemas de salud mental con cuadros orgánicos o físicos que requieren otro tipo de tratamiento médico.
Plazos y procedimientos legales
Aunque se busca agilizar la atención, la internación se mantiene como un recurso excepcional. En casos de urgencia, la decisión médica deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. Además, se propone extender el plazo de notificación judicial para dar mayor margen operativo a las instituciones de salud, pasando de las 10 horas actuales a un máximo de 24 horas. Estos cambios procesales intentan equilibrar la rapidez en la atención con el debido control judicial de los procedimientos médicos.
