La situación actual de la reforma laboral
Seguramente habrás leído que recientemente un juez laboral decidió suspender la aplicación de 83 artículos clave de la reforma laboral. Sin embargo, es fundamental entender que esta no es una palabra final ni una sentencia definitiva. Lo que estamos viviendo es una etapa de medidas cautelares, que son decisiones temporales que toman los jueces para ‘congelar’ una situación hasta que se resuelva el fondo del asunto. En este contexto, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una estrategia para cambiar el tablero donde se juega este partido judicial.
La guerra de fueros y la estrategia de la inhibitoria
El punto central de la discusión actual no es solo si la reforma es buena o mala, sino quién tiene el poder para juzgarla. El Estado ha solicitado lo que se conoce como una inhibitoria. En términos simples, esto ocurre cuando un juez del fuero Contencioso Administrativo (que se encarga de los líos entre los ciudadanos y el Estado) le pide a un juez del fuero Laboral (que se encarga de conflictos entre empleados y empleadores) que deje de intervenir en la causa. El argumento oficial es que la reforma laboral no trata sobre el problema individual de un trabajador, sino sobre una política pública y la organización del Estado, por lo que debería ser analizada por jueces administrativos y no laborales.
¿Qué es el ‘escándalo jurídico’?
Cuando dos jueces de distintas especialidades reclaman para sí la competencia de un caso, o cuando dictan fallos que se contradicen totalmente sobre un mismo tema, surge lo que en derecho llamamos un escándalo jurídico. Actualmente, mientras unos jueces aceptan los pedidos de los sindicatos para frenar la ley, otros rechazan esos mismos pedidos basándose en la presunción de legitimidad de las leyes (la idea de que, si el Congreso o el Ejecutivo dictan una norma, se asume que es válida hasta que se demuestre lo contrario de forma contundente). Esta falta de unidad en los criterios genera mucha incertidumbre para las empresas y los contribuyentes.
Los argumentos cruzados
El juez José Alejandro Sudera, por ejemplo, inicialmente rechazó un pedido de la CGT porque consideró que no se había demostrado un perjuicio real y concreto, sino que era una queja general. Por otro lado, la justicia administrativa sostiene que la Ley de Modernización Laboral afecta la estructura estatal y que los jueces laborales estarían invadiendo facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo al frenar estas normas. La disputa escala ahora hacia las instancias superiores (Cámaras de Apelaciones) y, muy probablemente, será la Corte Suprema de Justicia la que deba poner orden en este conflicto de competencias. Por ahora, el panorama normativo sigue abierto y los efectos de la reforma dependen del éxito que tenga el Gobierno en sacar la causa del fuero laboral.
